FGE da su posición en la audiencia de impugnación contra Omar Castillo, por el circuito 2.1 de Penonomé

El pasado jueves 16 de octubre de 2014 se realizó en la sede del Tribunal Electoral el acto oral y público de la audiencia del proceso electoral administrativo de nulidad de la elección y proclamación del diputado del circuito 2.1 de la provincia de Coclé. El acto fue presidido por el Magistrado Sustanciador Eduardo Valdés Escoffery. En nombre de la Fiscalía General Electoral actuó Diego Velásquez Carvajal. En su condición de candidato a diputado por el Partido Panameñista en el circuito electoral 2-1 de la provincia de Coclé, el ciudadano JORGE IVÁN ARROCHA otorgó poder de representación legal a los abogados CEILA PEÑALBA ORDÓÑEZ y OLMEDO ARROCHA, para que en su nombre y representación promoviera demanda de nulidad total o parcial de las elecciones celebradas el día 4 de mayo de 2014, para diputado en el circuito 2-1, provincia de Coclé, demandando así por ende de igual forma la proclamación de los candidatos que fueron identificados como ganadores en ese circuito, los ciudadanos OMAR VIRGILIO CASTILLO  RODRÍGUEZ y NÉSTOR GUARDIA y a sus respectivos suplentes.

Sin embargo hay que destacar que en este proceso posteriormente para la fecha de 14 de junio de 2014, el licenciado ARMANDO FUENTES en representación del candidato impugnado por el Partido Revolucionario DemocráticoNÉSTOR GUARDIA, solicitó la exclusión del mismo, por lo que el Tribunal Electoral mediante resolución motivada de fecha de 26 de agosto de 2014, resuelve hacer entrega de las credenciales al prenombrado GUARDIA.   

Los demandantes fundamentan su acción básicamente en tres (3) causales: la causal 2 que trata sobre el cómputo de los votos consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales que contengan errores o alteraciones, la causal 6 que consiste en la elaboración de las actas correspondientes a la junta de escrutinio o a las mesas de votación, por personas no autorizadas por este código o fuera de los lugares o términos establecidos, y por último la causal 14, la cual se enmarca en la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en la Ley; sin embargo, el demandante alega específicamente, dentro de la causal, la utilización y distribución en el circuito 2-1, de bienes y recursos del Estado, con base en lo normado en el artículo 136 numeral 1 de la Constitución Política de la República de Panamá, y en el artículo 32 del Código Electoral.

Primera causal de nulidad invocada y hecho que la configura

NUMERAL 2 DE ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO ELECTORAL: Que el cómputo de los votos consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales contengan errores o alteraciones.

El impugnante alega en su pretensión que las actas de las mesas 545 y 546 que corresponden al circuito 2-3 del centro de votación Federico Zúñiga del distrito de Olá fueron escrutadas en el circuito 2-1 del distrito de Penonomé y por ende acarreó el conteo de 498 electores más en el circuito impugnado.

Consideraciones de la Fiscalía Electoral:

En este punto debemos advertir que el impugnante en base al artículo 345 del Código Electoral específicamente en los numerales 3 y 4 debió de explicar cómo los hechos configuran la causal o causales invocadas y además acompañar o aducir las pruebas pertinentes respectivamente y en este caso, al verificar la demanda presentada por el impugnante, vemos que sí explica cómo el hecho configura la causal, no obstante no presenta pruebas idóneas para poder solicitar la nulidad total o parcial de las elecciones del 4 de mayo de 2014, ya que la prueba que presenta con demanda, la cual guarda relación con esta causal, aunque fue admitida, emana de un contador privado, el cual hace referencia a hechos asumidos de manera subjetiva, lo cual en nuestro concepto no es prueba idónea para anular una elección, por lo que la Fiscalía Electoral solicita que se desestime la causal.

Segunda causal de nulidad invocada y hecho que la configura

NUMERAL 6 DE ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO ELECTORAL: la elaboración de las actas correspondientes a la junta de escrutinio o a las mesas de votación, por personas no autorizadas por este código o fuera de los lugares o términos establecidos. Al respecto alega el demandante que muchas de las actas escrutadas mantienen un estilo de caligrafía muy similar, lo que genera sospecha.

Nuestra posición:consideramos, al igual que con la causal anterior, que el impugnante debió con base en el artículo 345 numeral 4 del Código Electoral, probar lo alegado, puesto que con las pruebas incorporadas en el expediente no podemos ver que estos hechos alegados sean más que meras especulaciones de parte, por lo que consideramos que está causal debe ser desestimada.    

Numeral 14 del artículo 339 del Código Electoral:La celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el Código Electoral.

El impugnante hace referencia a la utilización, distribución y donación en el circuito 2-1 de recursos del Estado en beneficio del candidato de la alianza oficialista (Cambio Democrático y Molirena). Asevera que es un hecho público y notorio la asignación de una partida presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del candidato, OMAR VIRGILIO CASTILLO  RODRÍGUEZ y que dicho presupuesto se extendió a lo largo de todo el circuito 2-1 beneficiándose así a las juntas comunales que conforman dicho circuito.

CONSIDERACIÓN DE LA FISCALÍA:

En cuanto al argumento relacionado al apoyo oficial ya sea directo o indirecto al candidato del partido Cambio Democrático OMAR VIRGILIO CASTILLO  RODRíGUEZ, podemos señalar que de la revisión objetiva del expediente constatamos que las diligencias probatorias adelantadas por el Tribunal Electoral, incluyendo la diligencia exhibitoria que posteriormente se sometió al análisis de auditores del Tribunal Electoral, se ve que en efecto dicho análisis hace referencia a la transferencia de dineros a las cuentas del Municipio de Penonomé y la Junta Comunal de Río Indio. No obstante, debemos señalar que el hoy impugnado no se desempeñaba como representante, alcalde o diputado, motivo por el cual no manejaba dineros del Estado, ni recibía las hoy cuestionadas partidas circuitales, por lo que mal podría decirse que con base en  los programas que ejecuta el Estado el hoy impugnado estaba utilizando los dineros del Estado para hacer proselitismo político a favor de su persona. Esto, además, se fortalece con el análisis de los auditores del Tribunal Electoral a los documentos recopilados en la diligencia exhibitoria, que aunque llegan a la conclusión de que sí hubo recursos de los programas fomentados por el Estado al Municipio de la Alcaldía de Penonomé y la Junta Comunal de Río Indio (circuito 2-1), este análisis no vincula directamente al candidato oficialista OMAR VIRGILIO CASTILLO  RODRíGUEZ.

Ahora bien, en este tipo de demanda hemos visto que muchas han sido fundamentadas en la causal 14 de la falta de garantías constitucionales en el acto de la elección, pero básicamente dicha violación es por la utilización ilegítima de los bienes y recursos del Estado, lo cual no está recogido de manera taxativa como una causal de nulidad, lo que nos arriba a la conclusión legal objetiva de que se debe legislar al respecto con la finalidad de incluir esta falta como causal de impugnación de elección en un futuro; esto, además, de que, como sabemos, estamos ante un posible delito electoral que será investigado de oficio por nuestro despacho; también debemos señalar que estas partidas circuitales, de no ser eliminadas, por lo menos deben ser reguladas con la finalidad de que no se distribuyan durante el período electoral.

Al hacer un análisis de la causal 14 del artículo 339 del Código Electoral, nos podemos percatar de que la misma causal está basada en la falta de garantías constitucionales en el día de las elecciones, no se refiere al proceso electoral al cual se está refiriendo el demandante, ya que alegan que se utilizaron antes de las elecciones con la finalidad de favorecerse políticamente; claro que con esto no estamos diciendo que las partidas y bienes y recursos del Estado deban de utilizarse para fines políticos, ya que esto es una figura delictiva que está penalizada por nuestro ordenamiento jurídico penal electoral.

En consecuencia, señor Magistrado Sustanciador del Tribunal Electoral, consideramos que al momento de ustedes resolver el presente proceso administrativo de impugnación de elecciones, lo haga desestimando la pretensión del impugnante en su totalidad, y le dé valor a la eficacia del sufragio de la elección realizada en el circuito 2-1, para la fecha de 4 de mayo de 2014. 

 

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