FGE da su punto de vista en proceso de impugnación del representante de Alcalde Díaz

El pasado martes 30 de septiembre la Fiscalía General Electoral presentó su vista fiscal en la audiencia de impugnación contra la elección y proclamación del representante del corregimiento de Alcalde Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá. El magistrado sustanciador del Tribunal Electoral fue Erasmo Pinilla. El representante de la Fiscalía Electoral fue Diego Velásquez Carvajal.

El candidato a representante escogido en las urnas e impugnado es Ricardo A. Precilla, del MOLIRENA. Le impugnaron: el candidato del Partido Cambio Democrático, Edgardo Alexander Chacón Plata, el cual actuó en su propio nombre y representación; el candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Adalberto Torres, el cual fue representado por los abogados César Julio González y Manuel Arosemena Santana; el candidato del Partido Panameñista, Rubén Darío Chávez Pinto, representado por Irving Lorgio Bonilla Quijada y Juan Ramón Malivern Fernández.

El impugnado, candidato del MOLIRENA, Ricardo Precilla Carrión, fue representado por Arturo González Baso.  Los expedientes de estas demandas fueron acumulados en un solo caso.  

Básicamente, los demandantes fundamentan su pretensión en que el día de la elección, hubo una serie de irregularidades relacionadas con la ejecución de actas alteradas, actas sin firmas de los miembros de mesas, actas con inconsistencia en las cantidades de votos válidos, cambio del centro de la Junta Comunal de Escrutinio del corregimiento de Alcalde Díaz y la celebración de las elecciones sin las garantías previstas en la Constitución Política de la República de Panamá.

Primera causal de nulidad invocada y hecho que la configura:

Numeral 2 del artículo 339 del Código Electoral:Que el cómputo de los votos, consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales contenga errores o alteraciones. Hecho que la configura: Según los demandantes en múltiples mesas de votación, existieron irregularidades como la incorrecta distribución de los votos válidos de los partidos políticos participantes.

Concepto de la Fiscalía Electoral: Como hemos manifestado con anterioridad, invocar esta causal es querer atribuirle los errores o irregularidades a los funcionarios electorales, en tal sentido hemos sostenido que los hierros que se producen en las actas no son producto de la mala fe y que los Honorables Magistrados se han pronunciado en otras oportunidades con respecto a estos funcionarios que prestan sus servicios en cada período electoral; amén de que estas irregularidades son subsanadas en el decreto 7 de 13 de marzo de 2013, toda vez, que sabiamente contempla este tipo de irregularidades o anomalías y  evita con ello una gran afectación de un determinado candidato en el conteo de los votos y la elaboración de las actas. Por este motivo, a nuestro juicio y  salvo mejor criterio la causal debe ser desestimada.  

Segunda causal de nulidad invocada y hecho que la configura.

Numeral 9 del artículo 339 del Código Electoral: La celebración del escrutinio o de la votación en lugar distinto al señalado por el Código y el Tribunal Electoral.Hecho que la configura: Señala uno de los impugnantes, que se le comunicó por parte del Tribunal Electoral que la sede de la Junta Comunal de Escrutinio de Alcalde Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, estaría ubicada en la escuela Melchor Lasso de la Vega, y sin ningún aviso o notificación fue trasladada a la Escuela Nicolás Garay, afectando a personas y compañeros para la ubicación de dicha sede.

Posición de la Fiscalía Electoral: Al respecto debemos indicar que no se cuenta con constancia alguna de denuncia presentada el día de las elecciones en el circuito 8-9, por ende el traslado de la sede de la Junta Comunal de Escrutinio del corregimiento de Alcalde Díaz, no ha sido acreditado. Por lo cual esta causal debe ser desestimada.

Tercera causal de nulidad invocada y hecho que la configura.

Numeral 12 del artículo 339 del Código Electoral:Que el acta correspondiente no haya sido incluida en el escrutinio de la totalidad de las actas de mesas de votación dentro de la circunscripción de que se trate. Hecho que la configura: Manifiestan los representantes legales de los impugnantes que el acta de proclamación de representante dejó de considerar las actas de mesas 4548 y 4567 las cuales no fueron escrutadas por errores en la formalidad y suma de los votos.

Opinión de la FGE: Observamos que de igual manera debemos ceñirnos a lo establecido en el decreto reglamentario de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014 (artículo 204, numeral 5), en cuanto a los auxiliares en las juntas de escrutinios, quienes están autorizados y tienen dentro de sus funciones, entre otras cosas, lo siguiente:Artículo 204:

Numeral 5 “dejar constancia escrita en su informe al Tribunal Electoral de cuáles actas de mesas no fueron escrutadas y por qué”.  Además en la norma citada en su artículo 206 se contempla la prohibición de anulación de actas, toda vez que la respectiva junta de escrutinio está obligada a realizar las investigaciones necesarias. No obstante, debemos señalar que la diferencia entre el candidato proclamado y el candidato que llego de segundo es de once (11) votos, motivo por el cual las actas que no se escrutaron adquieren relevancia y conceptuamos que debe realizarse la elección en estas mesas.

Causal 14 del artículo 339 del Código Electoral: la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el presente Código.

Hecho que lo configura: uno de los demandantes en su escrito, denuncia una flagrante violación a la normativa constitucional, ya que hubo injerencia del Gobierno Nacional por intermedio del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y los Diputados del Circuito 8-9, VIDAL GARCIA y TITO RODRIGUEZ MENA,  a través del programa de las “JUMBO TIENDAS” en beneficio de la candidatura del señor RICARDO A. PRECILLA CARRIÓN.                                                                                                                                                                                                                                            Igualmente, alega  el denunciante que el candidato por el Partido MOLIRENA entregó y regaló materiales de construcción a electores del Corregimiento de Alcalde Díaz, con el compromiso de que le dieran el voto en la elección, motivo por el cual se presenta un injustificado apoyo gubernamental en favor del candidato del Partido MOLIRENA, violentando el derecho subjetivo de los candidatos postulados de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, y limitando a los electores del circuito 8-9 en el libre ejercicio del sufragio, pues estos se encontraban supeditados al apoyo político.

Consideración de la FGE: En ese sentido, el numeral 6 del artículo 392 del Código Electoral sanciona con pena de prisión y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a las personas que utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, ya sea en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos.

Se trata entonces de la sanción penal electoral a la mala utilización de bienes y recursos del Estado, lo que cabría de igual forma en caso de producirse una vulneración a la prohibición contemplada en el numeral 1 del artículo 136 de la Constitución Política y al artículo 32 del Código Electoral, por lo que somos del criterio que la vulneración a las garantías constitucionales y legales necesariamente deberán descansar en alguna conducta o actuación enmarcada fuera de los parámetros de ley. 

El criterio generalizado con relación a la presente problemática es que existen defectos en el diseño de las normas que rigen el ámbito de aplicación de estas, así como la existencia de lagunas legales, lo cual obstaculiza la posibilidad de que los derechos se cumplan en su plenitud, y sucede que estas lagunas y omisiones han de ser subsanadas mediante los mecanismos legislativos apropiados.

Es indiscutible el hecho de que las elecciones en sí fueron celebradas con las garantías de ley, cuando se procuró el ejercicio pleno de la libertad y la honradez del sufragio de la ciudadanía electoral.

Comoquiera que nos encontramos ante una situación de criterios de interpretación de la ley, este será un  punto que ha de ser resuelto por los Honorables Magistrados del Tribunal Electoral.

No obstante, con anterioridad hemos hecho énfasis en el contenido del artículo 341 del Código Electoral que a la letra dice: “Para que las causales de impugnación descritas en los numerales 2 al 14 del artículo 339 de este Código sean procedentes y la demanda admisible deberán ser de tal magnitud que afecten el derecho de los candidatos que hubiesen sido proclamados”.

Así las cosas, es trascendental señalar que la decisión de este proceso, debe enmarcarse en dilucidar si el caudal de los votos capturados por el hoy impugnado versus los logrados por los impugnantes conllevan, según el criterio de los magistrados del Tribunal Electoral, la realización de nuevas elecciones en el corregimiento de Alcalde Díaz.En virtud de ello, conceptuamos que si atendemos la norma y la jurisprudencia existente en este tipo de controversia es indispensable establecer si el derecho del candidato proclamado puede verse afectado.                                                        

                                                         CONCLUSIÓN

Honorables Magistrados, luego de todo lo expuesto la Fiscalía General Electoral concluye recomendando lo siguiente:

1. En cuanto a la primera causal de nulidad invocada, la misma debe ser desestimada por no probada.

2. En cuanto a la segunda causal de nulidad invocada, tampoco está probada y por lo tanto debe ser desestimada.

 3. Los hechos expuestos en la demanda logran configurar la tercera causal invocada, y por tanto somos del criterio que deben realizarse nuevas elecciones en las mesas 4548 y 4567 del corregimiento de Alcalde Díaz.

4. En cuanto a la cuarta causal de nulidad invocada, tampoco está probada y por lo tanto debe ser desestimada.

Nosotros debemos ser prudentes en estos procesos administrativos, originados por demandas de candidatos que se sienten afectados, e instruidos por los Honorables Magistrados, toda vez que nos corresponderá iniciar investigaciones como funcionarios de instrucción y nuestro criterio adelantado podría afectar la investigación.

5. Finalmente, tal y como explicamos en su momento, la discusión en cuanto a la prevalencia de lo justo sobre lo legal en referencia o relación a los recursos que son  puestos a disposición de los diputados, alcaldes y representantes sin control legal durante el proceso electoral será un tema cuya resolución corresponderá a los Honorables Magistrados del Tribunal Electoral.

 

Comentarios

2