Fiscalia Electoral

FÍSCAL ELECTORAL

 

El Fiscal General Electoral es el máximo representante y autoridad de la institución y es nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional; el período estipulado para ejercer sus funciones es de 10 años y se le ha otorgado la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Fiscal General Electoral debe:

  • Ser panameño por nacimiento.
  • Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
  • Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
  • Poseer Licenciatura en Derechos y Ciencias Políticas, y haber registrado su título universitario.
  • Tener 10 años de haber ejercido la profesión de Abogado, en cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera el título universitario de Derecho o de profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza superior.

Siendo por mandato constitucional el Fiscal General Electoral un funcionario de alta jerarquía, el cual debido a las funciones que ejerce también es equiparable al Procurador General de la Nación, cuando investiga delitos electorales, y a la Procuraduría de la Administración, cuando se pronuncia en procesos administrativos electorales.

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

 

FUNCIONES

ART. 144 DE LA CONSTITUCIÓN

  1. Salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos.
  2. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales.
  3. Perseguir los delitos y contravenciones electorales.
  4. Ejercer las demás funciones que señale la ley.

ATRIBUCIONES

ART. 33 DEL DECRETO DE GABINETE NO 2 DEL 13 DE ENERO DE 1972

  1. Representar los intereses de la sociedad en todos los asuntos de conocimiento del Tribunal Electoral y emitir su concepto en cualquiera queja o recurso que se tramite ante dicha corporación.
  2. Perseguir los delitos electorales mediante el ejercicio de las acciones derivadas de los mismos ante el Tribunal Electoral y sus dependencias. En consecuencia, el Fiscal Electoral realizará todas las diligencias de instrucción necesarias para investigar los hechos punibles y la responsabilidad de sus autores con iguales facultades que las inherentes a los Agentes del Ministerio Público.
 

 

PRINCIPIOS

 

La función del fiscal general electoral se debe regir por ciertos principios de procedimiento penal, como lo son:

PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD

En virtud de este principio el Fiscal General Electoral tiene la facultad de promover y ejercer la acción penal electoral, conforme a las reglas y atribuciones que le da el ordenamiento procesal, sin necesidad de que se presente una denuncia.

Este principio se encuentra consagrado en nuestra legislación en el artículo 556 del Código Electoral: “El sumario le instruirá de oficio o por denuncia”.

PRINCIPIO DE LA IMPARCIALIDAD

Este principio nos indica que el Fiscal General Electoral de conducir el desempeño de su función en atención al interés de la ley y no a un interés personal o propio, por lo que no está en conflicto subjetivo con el imputado.

Entendamos que aunque la Fiscalía General Electoral es un órgano que se encarga, entre otras cosas, de reprimir la delincuencia electoral, ha de hacerlo solamente cuando tiene la certeza de que alguien ha cometido un delito, por tanto, puede formular peticiones en contra o a favor del imputado de la comisión de un delito.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Las funciones del Fiscal General Electoral también se rigen por el principio de legalidad, ya que la promoción de la acción penal electoral está limitada por el principio de que sólo serán penados los hechos declarados punibles por la ley anterior a su perpetración y exactamente aplicables al acto imputado. Es decir, que solo se pueda actuar conforme y estrictamente apegado a lo que dictamina a la ley.